Frente a esta posición, el portavoz socialista, Bernardo Bayona, defendió que el Gobierno está legitimado constitucionalmente para decretar el trámite de urgencia para los proyectos de ley, con independencia de la fase en quese encuentre su tramitación.

A su juicio, las dudas expresadas por los populares y los nacionalistas vascos y canarios, en el sentido de que correspondería a la Mesa del Senado tomar esa decisión, tienen como objetivo impedir la tramitación de la ley de ampliación del aborto y su aprobación en la presente legislatura.

Para resolver la polémica surgida, el presidente del Senado, Juan José Laborda, decidió solicitar un informe jurídico en el que se recojan los aspectos normativos y los antecedentesde otras leyes tramitadas en la Cámara Alta para las que el Gobierno ha solicitado la vía de urgencia.

Por su parte, el jefe de los populares en el Senado, Angel Acebes, expresó su opinión favorable a que en estos casos es la Mesa del Senado la que debe decidir si se aplica el procedimiento de urgencia a la tramitación de las leyes.

En su opinión, lo razonable es que el Ejecutivo solicite que un proyecto sea debatido con carácter de urgencia antes de enviarlo a las cámaras, pero no cuando ya estásiendo tramitado en el Senado.

ULTIMO PLENO

Igualmente, llamó la atención sobre el hecho de que cuando el Senado estaba cerrando hoy el último pleno de la legislatura el representante del Ejecutivo en la Junta de Portavoces comunicara la solicitud del trámite e urgencia para la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

En la Mesa del Senado el PSOE tiene tres representantes, al igual que el PP, mientras que CiU cuenta con uno, por lo que los socialistas no tendrían apoyo suficiente en el cas de que se votara la tramitación de urgencia o no para el proyecto de ley.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros pidió que el proyecto de ley sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo se tramite por la vía de urgencia en el Senado, con lo que la nueva ley se podría aprobar a finales de diciembre.

La semana que viene dicho proyecto será ratificado por el pleno del Congreso y remitido al Senado, que, como consecuencia de la petición del Gobierno, tendrá un plazo de 20 días paa enmendar o vetar el texto.

Aun en el caso de que el Senado vete la ley, circunstancia muy probable, ya que el PSOE no cuenta con los apoyos suficientes en la Cámara al no disponer IU de grupo parlamentario, el proyecto volverá al Congreso, donde será aprobado definitivamente.