El Episcopado señala qu las tres proposiciones de ley son "todavía más injustas que la actual legislación despenalizadora", ya que con ellas se pretende que la vida de los hijos quede a disposición de la voluntad de la madre, la cual, tras un trámite de información, podrá decidir la muerte de su hijo, "no sólo ante la pasividad y complicidad del Estado, sino incluso con su colaboración". "Bastará con que ella piense que el niño le perjudica de alguna manera".

Según la Conferencia Episcopal, "estas proposiciones son vergonzoas, ya que amplían la posibilidad de matar a los hijos que aún no han nacido, pero que son ya verdaderos seres humanos, como lo hemos sido todos nosotros en las primeras fases de nuestra existencia". Además, "se niega a los profesionales de la sanidad el derecho a la objeción de conciencia".

"La Iglesia es consciente de las dificultades que en muchos casos pueden influir en la decisión de la mujer de recurrir al aborto. Pero no se puede admitir desde el punto de vista ético que para resolver esas difiultades se autorice o permita la eliminación de la vida del ser que ella ha concebido", señala la CEE.

RESPONSABILIDAD DE LOS LEGISLADORES

Los obispos apelan a la responsabilidad moral de los legisladores y piden que sopesen sin partidismos ni electoralismos lo que supone votar a favor de estas proposiciones. "Animamos a toda la sociedad, a cuantos reconocen la dignidad de la vida de todo ser humano, y especialmente a los católicos, a no permanecer impasibles ante estos hechos", agregan.

Según a Conferencia Episcopal, con la actual legislación, aunque injusta, al menos se establece la obligación teórica de acreditar que se dan ciertos supuestos graves para que el delito del aborto no sea penalizado.

El Episcopado cree que "la legislación actual debe ser modificada, pero no para empeorar la situación, sino para proteger de manera adecuada el derecho a la vida de los seres humanos más inocentes e indefensos".

A juicio de los representantes de la Iglesia católica, las proposiciones que sedebatirán el día 22, "por permitir que se viole el derecho fundamental a la vida, son radicalmente inmorales. Seguramente son también inconstitucionales, pues el Estado renuncia con ellas a lo que el Tribunal Constitucional consideró en su sentencia de 1985 que es exigido por la Constitución: proteger eficazmente la vida del ser concebido y no nacido, con la última garantía de las normas penales".

"Un pueblo que mata a sus hijos al amparo de leyes inicuas pone en tela de juicio su futuro y las mismas ases de su convivencia en justicia y libertad", agrega la nota. "Quebrantar el mandamiento divino 'no matarás' y contravenir la ley natural que nos pide respetar el derecho de todo ser humano a la vida, no sólo es una gravísima injusticia, sino un acto de despotisimo. A la luz de una ética política elemental, los legisladores no pueden autorizar o permitir a nadie disponer de la vida de un ser humano inocente. Quien pretenda legislar contra la moral entra en el camino de la prepotencia y de la violación delos derechos humanos".