La diputada de Izquierda Unida (IU) Presentación Urán aseguró hoy a Servimedia que, al contrario de lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados, la Mesa del Senado no puede bloquear la tramitación por la vía de urgencia en la Cámara Alta.

La ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, ya anunció ayer, martes, que todavía podría haber tiempo para aprobar el proyecto de ley antes de que inalice el año.

Mañana, jueves, se votarán en el Congreso de los Diputados las enmiendas de devolución que han presentado el Partido Popular y Convergéncia i Unió, que serán rechazadas merced a la unión de los votos de los grupos Socialista y de Izquierda Unida.

La semana que viene el Congreso remitirá el texto al Senado y si el Gobierno lo declara de urgencia, la Cámara Alta tendrá un plazo de veinte días para vetarlo o introducir las enmiendas que considere oportunas.

Según Presentación Urn, si el Senado veta el proyecto de ley, ya que IU no tiene grupo parlamentario en esta Cámara y el Grupo Socialista no cuenta con los apoyos suficientes, en el Congreso se podría obtener la mayoría suficiente para levantar el veto y aprobar la ley.

La diputada de IU está convencida de que si el Gobierno declara de urgencia la tramitación del proyecto en el Senado, el Congreso de los Diputados podría aprobar la ley durante la última semana de diciembre.

Ante esta posibilidad, PSOE e IU han iniciao contactos para consensuar una postura común, que pasaría por la aceptación, por parte del Grupo Socialista, de algunas de las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida.

Las enmiendas de IU contemplan ampliar el plazo con que cuenta la mujer embarazada para decidir sobre la posibilidad de abortar, situado en doce semanas, y la eliminación de los centros de información previstos para asesorar a las mujeres, por entender que se pueden convertir en una forma de presión que obstaculizaría la libre eleción.

Asimismo, IU reinvindica la gratuidad para todos los casos de aborto y la regulación de la objeción de conciencia entre el colectivo médico, "para evitar que el médico que objete aplique su derecho a la objeción en la sanidad pública y privada, y no sólo en la primera".