En un escrito elevado al Gobierno junto con el resultado de la votación y las explicaciones de los votos negativos, Gómez de Liaño afirma que "cuando sobre una cuestión se tienen más dudas que convicciones, me parece que elegir una rilla por el mero hecho de elegir es participar a título de cooperador necesario -por lo menos cómplice- en una discusión inclinada a crear batallas, originar enfrentamientos, atraer partidos y producir adversarios".

A su juicio, en este asunto, "tal y como está el clima de crispación en nuestro país, lo conveniente en este momento es la reflexión para el convencimiento en soledad".

Tras señalar que el informe elaborado por la Comisión de Estudios del Consejo sobre el anteproyecto del Ministerio e Justicia "es bueno" y "está bien razonado", censura la obligación de que la mujer se someta a un asesoramiento como formalidad previa antes de poder abortar.

El vocal señala que no se opone a todo tipo de consulta, pero de ahí a "institucionalizar" ese asesoramiento "como rango de requisito sin el cual la interrupción del embarazo será delito, hay un trecho que personalmente no puedo recorrer sin fatigarme hasta la asfixia", y agrega que "tiene todos los síntomas de ser la imposición a la mujer embaazada de la obligación de discutir su decisión con otras personas", corriendo el riesgo de manipulación de la voluntad de quien no aborta por gusto.

"Creo que ese condicionante es un lujo burocrático y que bastante tiene una mujer adulta con su drama y su terrible decisión para que, encima, se tenga que someter a prédicas y rapapolvos que, seguramente, van a contrapelo de su futuro", continúa.

Gómez de Liaño también se opone a que el aborto quede al margen del régimen sanitario de la Seguridad Soial, aspecto contemplado por el anteproyecto de Justicia y respaldado por el informe de la Comisión de Estudios del CGPJ.

Aunque admite que el embarazo es una decisión voluntaria y no una enfermedad, dice que esos argumentos no son suficientes, ya que actualmente hay situaciones de asistencia sanitaria que tienen origen en actos voluntarios y considera que si no es una enfermedad, la interrupción del embarazo sí tiene que ver con la salud.

Concluye expresando sus temores de que hacer del aborto ago "de pago" implique un estímulo al negocio de ilícitas competencias o a la aparición o proliferación "de prácticas clandestinas como naturales manifestaciones de la desigualdad humana con soporte económico".