La presidenta de la asociación, Carmen Pujol, lamentó en declaracions a Servimedia que "la cuestión del aborto se haya convertido no tanto en una cuestión jurídica como política", y abogó por sacar todo lo concerniente al aborto del nuevo Código Penal.

Pujol recordó que dos artículos del proyecto de Código Penal abordan la interrupción voluntaria del embarazo y penalizan esta práctica en determinadas circunstancias.

"Mientras no se produzca una despenalización del aborto", dijo, "el riesgo de prisión para los profesionales y las mujeres sigue ahí. Lo importante e que el aborto no se considere un delito".

Respecto al proyecto de ley que el Gobierno remitió hoy a las Cortes, indicó que, si el Ejecutivo no ha variado su contenido, no satisface las reivindicaciones de tipo jurídico que plantea su asociación.

La obligatoriedad de asistir a un centro de información, la ausencia de una regulación clara de la objeción de conciencia de los médicos y el que en algunos casos no sea gratuito el aborto son las principales objeciones que se imputan al proyecto aprobad hoy por el Gobierno.

Este planteamiento coincide con el que defiende la Federación Estatal de Mujeres Separadas, que exige la despenalización del aborto.

Asimismo, la presidenta de la federación, Ana María Pérez del Campo, se mostró convencida de que el bloqueo que sufría la nueva legislación sobre el aborto estaba motivado por las presiones que ejercía Convergència i Unió (CiU).

Por su parte, la Federación de Mujeres Progresistas indicó que la aprobación por parte del Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de ampliación del aborto es el cumplimiento de un compromiso adquirido por el PSOE en las últimas elecciones generales.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresista manifestó que lo importante es que "se trata de una promesa electoral que por fin se ha cumplido".