La presidenta de la asociación, Carmen Pujol, lamentó en declaraciones a Servimedia que "la cuestión del aborto se haya convertido, no tanto en una cuestión jurídica, como política" y abogó por sacar todo lo concerniente al aborto del nuevo Código Penal.

Pujol recordó que dos artículos del proyecto de Código Penal abordan la interrupción vlutaria del embarazo y penalizan esta práctica en determinadas circunstancias.

"Mientras no se produzca una despenalización del aborto", dijo, "el riesgo de prisión para los profesionales y las mujeres sigue ahí. Lo importante es que el aborto no se considere un delito".

Respecto al anteproyecto de ley que el Gobierno podría remitir a las Cortes el próximo viernes, indicó que, si el Ejecutivo no ha variado su contenido, no satisface las reivindicaciones de tipo jurídico que plantea su asociación. Este planteamiento coincide con el que defiende la Federación Estatal de Mujeres Separadas, que exige la despenalización del aborto.

Asimismo, la presidenta de la federación, Ana María Pérez del Campo, se mostró convencida de que el bloqueo que sufre la nueva legislación sobre el aborto está motivada por las presiones que ejerce Convergencia i Unió (CiU).

Por el contrario, la Federación de Mujeres Progresistas cree que si el Consejo de Ministros remite el próximo viernes el texto al Parlameno, el Gobierno habrá cumplido su compromiso y las propuestas electorales del Partido Socialista.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresista manifestó que lo importante es que "se trata de una promesa electoral que se va a cumplir".