A través de un comunicado, el CGAE se refirió a que “la petición y la concesión de reducción de penas ligadas a la entrada en vigor de una nueva ley forma parte de la lógica de un buen número de reformas del Código Penal llevadas a cabo desde que fue aprobada la Constitución de 1978”.

Por este motivo, se asegura que “el recurso al insulto y la descalificación de los profesionales de la abogacía en el ejercicio de sus funciones no es ni será nunca el camino para solucionar un problema de cuya generación son ajenos”.

“El conjunto de la abogacía”, añade el CGAE, “lamenta y rechaza todos y cada uno de los comentarios vertidos contra los letrados que, en el ejercicio de sus funciones, han buscado, buscan y buscarán la mejor defensa para sus representados, antes, durante y después del proceso penal conforme es su obligación deontológica”.