Los portavoces de ambos sindicatos han afirmado que "para el Colegio de Abogados de Figueres sería una auténtica mina de oro el personarse en defensa de los intereses de 84.000 acuerdos de readmisión oficiales que se producen cada año" y también han dicho "que para los abogados iba a resultar bastante rentable, sobre todo para el turno de oficio, y que incluso se podría generar un negocio en torno a la defensa".

"Considerar el servicio de asistencia jurídica a los inmigrantes un negocio rentable constituye, además de un total desconocimiento del funcionamiento del servicio público, del trabajo que conlleva y de la indemnización compensatoria, un inútil deseo de alejar las responsabilidades que pudieran derivarse de una deficiente actuación policial", dice Carnicer en la carta remitida a Interior.

Carnicer, que también se ha dirigido a los secretarios generales de ambos sindicatos, no descarta emprender acciones legales y defiende en su misiva el "intachable" trabajo de los letrados y letradas que cada día, a través de los colegios de abogados, prestan a los inmigrantes "la asistencia jurídica y defensa que nuestra Constitución, las leyes y el Tribunal Constitucional reconocen".

El presidente del CGAE lamenta las "desafortunadas imputaciones" que, en su opinión, "no sólo perjudican a los profesionales de la abogacía sino que también afectan a la credibilidad en el Estado de Derecho" y "desacreditan los servicios públicos que, en materia de justicia gratuita y defensa, prestan de forma ejemplar los Colegios de Abogados de Guipúzcoa y Figueras". En una nota de prensa difundida hoy, el CGAE recuerda que recientemente emitió el "Informe de Fronteras Schengen", en el que se denuncia la no aplicación de normas como la Convención Europea de Derechos Humanos y las leyes españolas a los inmigrantes que entran por nuestras fronteras. Para el CGAE, los inmigrantes a los que se deniega la entrada en España tienen derecho a la asistencia letrada, independientemente de su situación en el país.

En este sentido, señala que, según la Ley Orgánica de Extranjería, "toda persona que sea sometida a un procedimiento que pueda comportar la denegación de su entrada en España debe tener asistencia letrada, de intérprete, conocer los motivos por lo que no puede entrar y los recursos que puede interponer contra la decisión administrativa".

No sólo eso, añade el CGAE, sino que además el Tribunal Constitucional "reconoce a los extranjeros sometidos a un control por parte de los poderes públicos españoles en la frontera, el derecho a la tutela judicial efectiva".