Así consta en el último número de la revista "Otrosí", editada por el Colegio de Abogados de Madrid donde se apunta que, ante la generalidad de asuntos que los fiscales deben tutelar, los letrados encuentran problemas en los delitos relacionados con el medio ambiente.

De hecho, sólo 13 de las 50 provincias española cuentan con fiscales dedicados específicamente a estos delitos, mientras crece la delincuencia ambiental y la preocupación ciudadana por estos aspectos.

"Podemos afirmar sin empacho que la preocupación por la defensa, preservación y mejora del ambiente ha llegado a constituir una exigencia social, política y económica de tal importancia y naturaleza, que no existe sector o actividad que pueda sustraerse a su ascendencia", reflexionan los letrados.

Para ello, reclaman la creación de una Fiscalía special Ambiental, con fiscales dedicados a la investigación de delitos ecológicos en todas las provincias.