Las asociaciones Altodo (Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno), Apaem (Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid) y ALA (Asociación Libre de Abogados) han convocado a todos sus asociados a una asamblea que se celebrará a las 13.30 horas en el salón de actos de la sede de los Juzgados de Plaza de Castilla, para debatir y votar la propuesta de huelga.

Los más de 4.500 abogados de oficio de la Comunidad de Madrid podrían colapsar la justicia madrileña en caso de aprobarse y llevarse a efecto dicha propuesta, puesto que la asistencia letrada es preceptiva para multitud de trámites judiciales.

Las asociaciones amenazan con suspender indefinidamente el turno de oficio, a partir del 1 de febrero, si antes de esa fecha no se cumplen dos condiciones: la primera, que las distintas administraciones hayan satisfecho íntegramente las retribuciones del turno de oficio correspondientes a 2008, y la segunda, que se produzca la actualización de los baremos conforme al IPC, desde la última revisión en 2003 en el caso de la Comunidad de Madrid y desde 1996 en el caso del Ministerio de Justicia.

También quieren que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid inicie una reclamación administrativa y el posterior procedimiento contencioso-administrativo, para pedir a las distintas administraciones los intereses de demora correspondientes a los retrasos en el pago del turno de oficio.

Además, solicita al Colegio que realice las gestiones necesarias para lograr que los abogados en general y los letrados de oficio en particular estén cubiertos por la sanidad pública.

OCHO MESES DE ATRASOS

La Comunidad de Madrid viene abonando los pagos del turno de oficio al Colegio de Abogados con retrasos de hasta ocho meses, según las asociaciones que promueven las protestas.

A consecuencia de ello, el Colegio no puede abonar puntualmente a sus letrados de oficio las retribuciones legalmente establecidas, lo cual obliga a muchos abogados a solicitar un anticipo a los bancos, mediante el llamado sistema de "confirming", con el coste económico que ello tiene para el letrado que lo solicita, debido a los intereses bancarios.

Además, denuncian que ni la Comunidad ni el Ministerio de Justicia actualizan las retribuciones legalmente fijadas desde 2003, en el primer caso, o desde 1996, en el segundo, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo.