En agosto del 2000, la Interpol detuvo a Cavallo en Méjico, y en junio de 2003 fue extraditado a España. Actualmente está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Soto del Real, y su situación procesal en España sólo está pendiente del juicio oral. Sin embargo, un auto reciente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el juez Félix Alfonso Guevara, decidió el sobreseimiento y archivo de la causa, lo que permitiría la extradición del genocida a Argentina.

Los abogados de las acusaciones particulares Carlos Slepoy, José Luis Galán y Juan Puig anunciaron hoy, en rueda de prensa, que emprenderán diversas acciones judiciales contra el auto dictado por el juez Guevara. Un auto que consideraron "absolutamente contrario a Derecho".

Los letrados explicaron que el auto del juez Guevara es contrario "a una sentencia del Tribunal Supremo que había dicho claramente que Cavallo debería ser juzgado en España porque los tribunales españoles eran competentes para ello".

Además, aseguraron que, "durante ocho años, las autoridades argentinas conocieron el proceso que se seguía contra Cavallo en España, y nunca tuvieron interes en juzgarlo, entre otras cosas, porque la causa estaba muy atrasada allí, y reconocieron la competencia de la jurisdicción española". Por tanto, sólo han pedido la extradición "conminadas por el auto de la Sala Tercera y para evitar la impunidad de Cavallo", indicaron.

En la rueda de prensa intervinieron también Graciela Daleo, superviviente de la ESMA y testigo en el juicio contra Cavallo; Marianella Galli, integrante de la organización "Hijos", y cuyo padre fue asesinado en dependencias de la ESMA; y Andrea Benites, de la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos en Argentina.

Las tres pidieron que Cavallo, al que calificaron como "terrorista de Estado" y "genocida", sea juzgado en España. En su opinión, el juicio y el cumplimiento de su condena en España serviría como precedente "para que fructifique el principio de justicia universal, y se evite la impunidad de los asesinos y torturadores de Estado".

Al término de la rueda de prensa, y con la intención de invalidar el auto de la Sección Tercera, los abogados presentes se dirigieron a la Audiencia Nacional para presentar un recurso de súplica ante la misma Sección Tercera que decidió el sobreseimiento de la causa. Añadieron que pedirían al presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que sea el Pleno de la Sala el que se pronuncie sobre la extradición.

Asimismo, anunciaron que, si fuera preciso, recurrirían en casación ante el Tribunal Supremo y presentarían un escrito al Consejo de Ministros para pedir la paralización de todos los trámites de extradición.

Las mencionadas acciones judiciales estarán acompañadas con manifestaciones y actos públicos, con el objetivo de conseguir que Cavallo sea juzgado y cumpla su condena en España, "donde su situación procesal sólo está pendiente de la celebración del juicio oral, mientras que en Argentina debería comenzar desde la instrucción", argumentaron tanto los abogados como las representantes de las víctimas que estuvieron presentes en la rueda de prensa.