El presidente de los abogados de familia, Luis Zarraluqui, declaró a Servimedia que a un funcionario, "por negarse a cumplir la ley", se le podría "imponer una sanción de suspensión" o lo que se considerase desde la Administración, pudiendo llegar a ser una "falta muy grave".

En este sentido, Zarraluqui afirmó que sería muy difícil "castigar" a un alcalde por negarse a realizar la unión entre parejas del mismo sexo, puesto que "la mayoría de los alcaldes" hoy en día no casan a nadie, sino que delegan, con lo que "habría una salida" en el caso de no querer celebrar dicho enlace.

Zarraluqui indicó que no entiende que alguien pueda acogerse a la objeción de conciencia, puesto que "no ve que la objeción de conciencia" pueda aplicarse a esta ley.

Este abogado dijo que "la objeción de conciencia no es de aplicación a cualquier disciplina que uno tenga de la ley", y recordó que ya se produjo un antecente cuando se aprobó la ley del divorcio. Entonces, un juez se negó a separar a una pareja y eso le costó la carrera.

Zarraluqui insistió en que las personas del mismo sexo "tienen derecho a exigir" que se les case una vez que se apruebe la ley y cumplan todos los requisitos para ello.

"No veo que la libertad religiosa" pueda sacarse a relucir en este asunto, matizó el abogado, puesto que en la Constitución "la objeción está regulada" para otras cuestiones, pero el matrimonio entre personas del mismo sexo no atenta contra ningún derecho fundamental y, por ello, no tiene sentido la objeción de conciencia.