En una carta publicada en la revista "Otrosí", órgano del Colegio de Abogados de Madrid, Martí señala que se han incoado diligencias disciplinarias contra los mencionados letrados.

De confirmarse las acusaciones, esos abogados habrían cometido "un insoportable agravio a la Justicia y a nuestra profesión", que les haría "indignos de ejercerla".

Una vez dicho eso, Martí Mingarro muestra la repulsa de la abogacía "a la intervención y prohibición de las comunicaciones entre abogados y lientes".

"Nuestro Tribunal Supremo ya ha dicho que 'no se puede obtener la verdad real a cualquier precio y no todo es lícito en el descubrimiento de la verdad'", recuerda el decano de los abogados madrileños.

Martí Mingarro añade que la realización de investigaciones basadas en la relación abogado-cliente "quebranta en su más estricto sentido el derecho de defensa, porque vulnera el secreto profesional y con él la presunción de inocencia y el derecho a no autoinculparse".

"De ahí que sigams postulando la derogación de los preceptos legales que habilitan tales intervenciones", concluye el decano.

Por su parte, el catedrático de Derecho Penal, Luis Rodríguez Ramos, realiza en un artículo, también publicado en "Otrosí", una completa exposición de las excepciones de nuestro ordenamiento jurídico que permiten la intervención de las autoridades en las comunicaciones entre presos y abogados.

Rodríguez Ramos considera que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal debería regular "con la deida minuciosidad" estos aspectos "tan importantes que afectan al derecho de defensa y al secreto profesional del abogado, limitándolos o suprimiéndolos excepcionalmente".