Esta es una de las conclusiones surgidas de las jornadas sobre "Derecho ambiental comunitario", que se han celebrado este fin de semana en Madrid organizadas por la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda) en colaboración con la Comisión de las Comunidades Europeas.

En el encuentro participaron alrededor de un centenar de abogados ambientalistas, miembros de organizaciones eclogistas de todo el Estado y una representación de la Comisión de las Comunidades Europeas.

Durante las jornadas quedó patente que España es, junto a Gran Bretaña, el país de la CE más denunciado por incumplir el derecho ambiental comunitario.

El cumplimiento de la normativa ambiental de la CE acaparó la atención de ecologistas y juristas, que destacaron la necesidad de dotar de suficientes medios humanos y técnicos a la Comisión de las Comunidades Europeas para poder conseguirlo.

Asimismo, os participantes solicitaron la incorporación al ordenamento interno español de la directiva comunitaria sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, al tiempo que denunciaron la falta de transparecencia en la aplicación y gestión de los fondos estructurales.

Respecto a la reciente aprobación de la Directiva de Hábitats de la CE, consideraron insuficiente que sólo el 5 por ciento del territorio español tenga algún nivel de protección.