Según señalan, la última reforma del Código Penal disminuye las penas en los delitos contra la flora y la fauna y apenas introduce un nuevo delito sobre maltrato grave de animales domésticos.

La disminución de las penas, añaden, afecta no sólo a la privación de libertad sino a las de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar.

Todo ello a pesar de que, según la Memoria de la Fiscalía General del Esado, los delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio crecieron un 24% en 2002. "Existe una notable falta de medios y de voluntad de aplicación de la legislación por parte de las administraciones medioambientales y de la Administración de la Justicia", advierten.

Para hacer frente a esta situación, Ecologistas en Acción ha editado una guía práctica sobre el acceso a la información ambiental que permite a los ciudadanos conocer las claves jurídicas para exigirla.