Según el CGAE, desde el punto de vista de la legalidad, y cuando proceda, "se deben llevar a cabo todos los procedimientos administrativos pertinentes de devolución o expulsión con las debidas garantías y siempre contando con la preceptiva asistencia de un letrado".

"No resulta admisible, desde el estricto cumplimiento de las garantías jurídicas, que los expedientes incoados sean con carácter general de expulsión y no de devolución, que es el procedimiento que correspondería", afirman los abogados.

El CGAE tampoco considera procedente que se produzcan devoluciones "de facto", abriendo la puerta con Marruecos y echando a las personas que han atravesado la frontera sin expediente alguno y sin ser escuchadas.

Este hecho, advierte el consejo, podría ser más grave en el caso de que alguna de esas personas pudiera reunir los requisitos de solicitante de asilo, lo que supondría una vulneración "del derecho de toda persona a buscar asilo y a ser oída con todas las garantías jurídicas".

DERECHOS HUMANOS

El Consejo de la Abogacía considera fundamental que las Fuerzas de Seguridad del Estado actúen con máxima moderación y con estricto cumplimiento de la legalidad, ya que "debe exigirse el máximo respeto de los derechos humanos de las personas devueltas a Marruecos o a terceros países, garantizando que éstos no permitirán que sufran torturas o tratos inhumanos o degradantes".

En el caso de que los derechos humanos no sean respetados, España debería denegar la devolución, puesto que, "en caso contrario, convertiría al Estado en cooperador de torturas y actos ilegales cometidos por terceros países y ello acarrearía la responsabilidad internacional de España".

Según la carta, estas medidas deberán adoptarse también en el caso de las personas que se encuentren o hayan alcanzado el pasillo entre vallas, ya que "es territorio español y necesariamente habrán de aplicarse las garantías jurídicas que la ley española contempla".

Asimismo, la misiva pone de manifiesto la preocupación del CGAE por el respeto de los derechos humanos en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Hoy mismo, a petición del Colegio de Abogados de Melilla, una delegación del CGAE formada por dos miembros de su Subcomisión de Extranjería, José Luis Rodríguez Candela y Javier Galparsoro García, se ha desplazado a la citada ciudad norteafricana para visitar la frontera y el CETI y realizar un informe sobre la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita en las fronteras exteriores.