A juicio de los abogados, la imputación de la fiscal supone la atribución de un delito d negligencia en el ejercicio de su profesión, lo que, en su opinión, puede ser constitutivo de una falta leve prevista en el Estatuto del Ministerio Fiscal por menosprecio a inferiores, iguales, abogados y procuradores.

Las citadas fuentes precisaron que los abogados han pedido al juez García-Castellón que deduzca testimonio de dicho escrito de la fiscal, María Dolores Márquez, con el fin de remitirlo al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, y que éste decida si se incoa expediente contraella.

Las discrepancias entre la fiscal y los abogados de la AVT se produjeron en relación al procesamiento del etarra Mikel Azurmendi por su presunta relación con el atentado perpetrado por ETA contra Aznar el pasado 19 de abril en Madrid, que había sido solicitado por la representante del ministerio público y al que se opusieron los letrados.

La fiscal pidió dicho procesamiento basándose en unas huellas, identificadas como del etarra, que fueron halladas en agosto del pasado año en un vehículo bandonado en las inmediaciones del domicilio de Aznar por varios individuos armados tras mantener un enfrentamiento con una patrulla de la Policía Municipal.

Sin embargo, la AVT se opuso a dicho procesamiento al entender que las pruebas contra el etarra carecían de la consistencia para proceder contra Azurmendi, por lo que estimó que debía esperarse un poco más de tiempo.

Posteriormente, el juez García-Castellón desestimó la petición de la fiscal por entender que los hechos atribuídos a Azurmendi aunque podían ser constitutivos de delito, no tenían "indicios racionales de conexidad" con el atentado de Aznar como para dictar el procesamiento, lo que fue recurrido por la fiscal y está pendiente de resolución.