La Agrupación de Abogados Jóvenes de Alicante denunció que el ministerio les adeuda todavía el 50 por ciento del importe del segundo semestre de 1992 y el total del primer semetre de 1993.

Además de denunciar los supuestos incumplimientos económicos, los letrados exigen, como sus compañeros en el resto de España, una nueva ley que regule el servicio de justicia gratuita, que demandan desde hace 10 años.

Según la tesorera de la agrupación, Lola Ramos, "hemos decidido suspender de forma indefinida el servicio para colapsar los procesos judiciales y hacernos oir".

Ramos comentó que, en este momento, la justicia gratuita está mal regulada y adolece de muchas deficiencas. "Son muchas las personas que demandan este servicio y no se termina de acreditar de una forma clara qué personas tienen derecho a ella, con la correspondiente masificación y gasto para el erario público, lo que nos hace pensar que esta situación es una tomadura de pelo".

De los 4.000 abogados colegiados en Alicante, cerca de 600 están adscritos al turno de oficio.