Las acusaciones se mostraron contrarias a la puesta en libertad del arcipreste por estimar que no procede, ya que el delito que se le imputa se castiga con penas que van de 6 a 12 años de prisión. El juez estimó sus alegaciones y antuvo en prisión al arcipreste.

Ruiz Giménez considera que estos argumentos son "una referencia genérica" que no constituyen "motivación válida y suficiente" para denegar la libertad provisional al sacerdote, que sigue sin conocer "cuáles pueden ser las bases personales y reales" para que la acusación se oponga a la excarcelación, ni las que en tuvo en cuenta el juez para decretar la prisión, según el recurso.

El letrado argumenta que la "sorpresiva e inesperada" visita nocturna del presunto etara Rekarte fue la de un feligrés a su párroco, que le había ayudado meses antes en una cura de desintoxicación, sin que de ello pueda deducirse la existencia de una colaboración delictiva entre ambos.

Reitera que el contenido de la declaración judicial de Treviño fue tergiversado por los medios de comunicación, e insiste en que el sacerdote "no conocía ni podía saber entonces con certeza" la conexión de Rekarte con la banda terrorista.

Recuerda asimismo que el arcipreste carece de antecedentes peales, ni puede imputársele "peligrosidad manifiesta de alteración social, proclividad delictiva o intención de sustraerse a la acción de la Justicia", circunstancias que justificarían la prisión provisional.

Por contra, afirma que es conocido "su pacifismo a ultranza y su condena sin paliativos a todo tipo de violencia, incluida la de ETA", y manifiesta que su libertad "es ansiada y reclamada por todos los feligreses y ciudadanos de toda España".

Tras la presentación de este nuevo recurso, el jue tendrá que dar traslado a las otras partes para que en un plazo de tres días presenten sus informes y adoptar posteriormente una resolución.

Treviño, que fue detenido el pasado 25 de marzo, permanece en prisión desde entonces, después de reconocer ante el juez que alojó durante una noche a Ignacio Rekarte y Angel Luis Galarza, a los que se considera autores del atentado perpetrado por ETA el pasado mes de febrero en Santander, que costó la vida a tres personas.