Arroyo ha anunciado también que los recursos seguirán sus cauces habituales, y en caso de que el Constitucional deniegue a Sanpedro su petición, el letrado recurrirá al Tribunal Europeo. El plazo de 20 días desde que el juzgado barclonés resolviera el caso, el pasado 28 de febrero, vence precisamente mañana.

La asociación Derecho a Morir Dignamente, que representa al demandante, recurrirá también otra parte de la sentencia en la que el juzgado de Barcelona considera que la denuncia debería haberse efectuado en su residencia habitual de La Coruña.

Sanpedro eligió a la asociación barcelonesa por considerar que efectuando su petición en Barcelona existirían mayores posibilidades de éxito que en la jurisdicción de La Coruña, dode está la localidad natal del demandante, Porto do Son.