La directiva tenía por objeto exigi a los Estados que dieran a sus organismos de telecomunicaciones la oportunidad de ajustar sus tarifas a los costes reales (reequilibrarlas) antes de abrir el mercado a la competencia.

Antes de abrir el proceso de liberalización en 1990, las tarifas de determinados servicios, como la cuota de abono mensual o las llamadas locales, estaban fijadas en España y en los demás países europeos por debajo del precio de coste, mientras que las de otros, como las llamadas nacionales e internacionales, superaban n mucho los costes reales.

La Comisión señaló como fecha máxima para el reequilibrio tarifario el 1 de enero de 2000, pero el Gobierno español, que fija los precios de la cuota de abono a Telefónica, no ha permitido a la operadora reequilibrar sus costes hasta 2003.

El Gobierno también se comprometió a permitir el acceso de operadores alternativos al bucle de abonado, lo que posibilitaría contratar la cuota de abono con más de un operador, a partir del 1 de enero de 2001, plazo que comenzó a cumpirse con dos años de retraso.

El Abogado General señaló hoy en una nota de prensa que, "para que exista equilibrio, la relación entre el precio de abono mensual facturado por Telefónica y la tarifa de acceso desagregado al bucle de abonado debe ser similar, ya que la infraestructura necesaria es la misma".

"En el caso de Telefónica, el precio de abono mensual se mantiene inferior a la tarifa de acceso desagregado al bucle de abonado hasta 2003", constata el Abogado General. Es decir, la operadoradominante ha estado cobrando a sus usuarios una cuota de abono mensual inferior que lo que pedía a sus competidores por alquilarles el acceso al bucle local, situando en desventaja a las compañías entrantes.

El Abogado General considera que hasta 2001 el desequilibrio tarifario fue responsabilidad exclusiva del Gobierno español y que a partir de ese año el régimen de límites máximos no era suficiente para que Telefónica pudiera llevar a cabo el reequilibrio de tarifas exigido por la directiva comunitaia. Por lo tanto, el señor Léger solicita al Tribunal de Justicia que condene a España.