EL ABOGADO FRANCO ALABA LA INDEPENDENCIA DE TERESA PALACIOS EN EL CASO DE LOS PAGOS A AMUSATEGUI Y CORCOSTEGUI - La magistrada de la Audiencia Nacional ordena qeue siga la causa penal contra el presidente del SCH, Emilio Botin y los ex altos cargos de la entidad

MADRID
SERVIMEDIA

El abogado y accionista del Santander Central Hispano, Juan Francisco Franco, autor de la querella que motivó la apertura de un proceso judicial contra el presidente de la entidad, Emilio Botín, y los ex altos cargos del banco José María Amusátegui y Angel Corcóstegui, manifestó hoy su satisfacción por la deisión de la juez de la Audiencia Nacional de continuar con la causa penal.

Franco destacó, en declaraciones a Servimedia, la "valentía e independiencia" de la magistrada, al decidir continuar con la causa a pesar de la oposición del fiscal, que pidió el cierre del proceso por entender que los pagos que el banco realizó a los ex directivos cuando abandonaron la entidad no constituyeron delito de estafa o apropiación indebida.

A este respecto, el abogado y accionista del SCH consideró "totalmente flsa y errónea" la línea argumental del fiscal en el caso, ya que "está muy claro que estos señores percibieron mucho más dinero que el que permitían los estatutos del banco".

"La juez ha sido capaz de darse cuenta que la práctica realizada por los directivos del SCH atenta contra la legalidad y es un claro fraude, sin dejarse engañar por el entorno. Teniendo en cuenta la trayectoria de Teresa Palacios es todavía mucho más admirable", declaró Juan Francisco Franco.

QUERELLAS

La querella, presentda por el accionista Juan Francisco Franco Otegui contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui, fue admitida a trámite por la juez de la Audiencia Nacional el pasado 5 de noviembre.

La magistrada apreció la existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 millones de pesetas) como pago a Amusátegui, lo que atentaría supuestamente contra los intereses de los accionistas.

La querella deFranco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que éstos sean removidos sin justa causa".

Por su parte, la denuncia presentada por Rafael Pérez Escolar, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entende que redundó en perjuicio de los inversores.

Además, argumentó que ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni el Banco de España fueron informados de las razones por las que Corcóstegui abandonó el banco del que fue vicepresidente y consejero delegado.

Fue a principios del pasado mes de marzo cuando la magistrada decidió acumular en la misma causa el caso abierto contra Amusátegui y la denuncia que el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar presentó ante la Fiscala Anticorrupción por el pago a Corcóstegui.

(SERVIMEDIA)
20 Oct 2003
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