Según Ruiz Galbe, la Ley de Enjuiciamiento Criminal le permite pedir los costes. "No estamos haciendo demagogia, estamos cumpliendo leyes, y que sea responsable quien lo sea", aseguraba esta mañana el abogado.

La presidenta de la Asociación de Afectados por el Incendio, Elena Gómez, ha considerado la actitud del letrado como un insulto y una falta de sensibilidad y cree que el abogado Galbe "se basa en su defensa en cosas superficiales. Habuscado un mal cliente, hubiese hecho un papel más completo si hubiera estado en la parte de la acusación, y no en la defensa".

Por su parte, Ignacio de Andrés, letrado de la acusación particular, ha indicado que esta solicitud del defensor de Faustino Martínez tendría que haberse obviado, "aunque no hubiera sido más que por delicadeza ante los familiares de los afectados, que bastante tragedia llevan en sí mismos y bastantes gastos están ocasionando".

José Antonio Ruiz Galbe no quiere profundiza en el asunto hasta que no informe al Tribunal y ha dicho que, aunque su solicitud no ha sido bien mirada por el resto de sus compañeros, "éstos pueden opinar lo que quieran y no pueden juzgar si es una falta de delicadeza o no. Yo no juzgo sus conductas".

Por otra parte, en la sesión de hoy la acusación particular ha criticado la falta de objetividad de buena parte de los informes periciales. Según han explicado algunos de los letrados, no se puede dar valor a los informes expuestos por peritos a losque una de las partes considera responsables del siniestro.

Una de las letradas ha llegado a emocionarse durante la exposición de sus conclusiones al recordar cómo la madre de su defendida, a pesar de estar a salvo, volvió a bajar a la planta sótano de la discoteca para advertir del incendio y ya no pudo salir con vida. Pedía justicia esta letrada para su cliente, puesto que su hija fallecida dejó una niña de tres años de edad.

El próximo lunes, si todo discurre por los cauces normales, el juicioquedará visto para sentencia. En la sesión de hoy los letrados de la acusación y el fiscal han expuesto sus conclusiones definitivas.

Para Faustino Martínez, propietario de la discoteca, solicitan la mayor parte de los acusadores particulares condena de cuatro años de cárcel y el pago de indemnizaciones de 25 millones de pesetas por cada víctima como responsable de un delito de imprudencia temeraria.

Según han explicado los letrados, Faustino Martínez no se preocupó de solicitar revisiones anuale, permitió la instalación de un sistema de aire acondicionado sin proyecto y no advirtió a sus empleados sobre lo que debían hacer en caso de incendio.

El fiscal tan sólo considera a Faustino Martínez responsable civil subsidiario y le pide una indemnización de quince millones de pesetas por cada víctima.

Para el encargado de la discoteca, Francisco Lacruz, la acusación particular pide cuatro años de cárcel por omisión del deber de socorro, ya que en el momento de advertir el fuego debería haber ado la voz de alarma. El fiscal pide una pena algo más moderada, siete meses de prisión menor.

Para el tercero de los acusados, Fernando Merino, técnico de la empreas GER, instaladora del aire acondicionado, tan sólo dos letrados mantienen los cargos contra él. El propio fiscal considera demostrado que los aparatos de aire acondicionado no causaron el incendio.

La totalidad de los letrados han coincidido en criticar la decisión de la jueza, Carmen Canfranc, de no suspender el juicio para instruirun nuevo sumario en el que aparecen inculpados todos los responsables de ese trágico suceso.

Según ha explicado José Antonio Visús, respresentante de la Unión de Consumidores de Aragón, está clara la responsabilidad del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza.

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