El letrado Antonio Camacho dice en su escrito que “la fundamentación” del juez instructor, Juan Carlos Peinado, para justificar una “diligencia tan trascendental, en un Estado de derecho, como lo es la citación del presidente de Gobierno solo podemos calificarla como inexistente desde un punto de vista estrictamente jurídico. Y ello, por la falta de una mínima concreción de esos indicios que justifican la adopción de la medida que se acuerda”.

Esgrime Camacho que no es necesario citar a Pedro Sánchez para “acreditar la relación que mi investigada mantiene con el presidente del Gobierno” y asegura que “es público, notorio y perfectamente conocido que ambos mantienen una relación matrimonial desde hace muchos años”.

De hecho, señala el “asombro” que provoca que el “primer objetivo de tan singular citación” sea, según la providencia dictada por el juez, “’la necesidad de investigar la posible concurrencia del elemento normativo de la influencia’ con relación a un supuesto e hipotético delito de tráfico de influencias”.

El recurso recuerda que sólo en la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés ha salido a relucir que se había reunido con el presidente del Gobierno en La Moncloa “en una ronda de entrevistas con especialistas en innovación y con la presencia del titular de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20, en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España”.

En esa reunión no se encontraba presente la esposa del presidente. En una segunda ocasión, mientras Barrabés se reunía con Begoña Gómez, su marido pasó unos momentos a saludar y se marchó a los pocos minutos.

También la Fiscalía va a presentar recurso de reforma contra la citación del presidente del Gobierno, pero de momento no lo ha formalizado. La declaración de Sánchez como testigo fue solicitada por Vox, después de que Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar el pasado 19 de julio.