En rueda de prensa, la portavoz del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en el Observatorio y en la Comisión de Seguimiento de las Ordenes de Protección del CGPJ, Maria José Balda, expresó que desafortunadamente "la abogacía no había sido consultada en la redacción del texto de la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer y que se podía mejorar el artículo 20 para que las víctimas tengan los mismos derechos que los agresores, en materia de asistencia legal preceptiva".

Balda enfatizó que "la víctima debe ser plenamente consciente de las consecuencias de las denuncias que va a iniciar para que se puedan tomar todas las garantías para la protección de todos sus intereses".

Para Balda al no ser "preceptiva esta asistencia letrada desde el momento de las denuncia, las víctimas no son informadas de la conveniencia de la presencia de un abogado de oficio o de avisar a uno de su libre designación. De esta manera el fiscal no puede sustituir al letrado de la víctima, al no estar presente en el momento de la denuncia ni tener contacto alguno con ella hasta la comparecencia para la orden de protección".

Finalmente, la portavoz del CGAE en violencia doméstica señaló la importancia de dar un papel más relevante a los verdaderos especialistas en la materia, como son los jueces de familia, que cuentan con amplia experiencia y equipos de psicólogos o asistentes sociales.

Por su parte, Monserrat Comas, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y vocal del Consejo General del Poder Judicial destacó los importantes avances de la ley en defensa de las víctimas de violencia y agresiones", aunque reconoció que el artículo 20 de la ley "podría haber llegado más lejos en la protección de la víctima, pero ahora hay que darle contenido en el Observatorio, haciendo especial énfasis en la necesidad de informar a las víctimas de modo claro y nítido".

Comas señaló que "esta ley no ha ido acompañada de la consiguiente memoria económica para hacer frente a todos los retos que el problema presenta, aunque -explicó- sí se la ha dotado en los presupuestos del 2005, con 50 millones de euros, que no sé si serán suficientes. Habrá que hacer un seguimiento de estos seis meses, dada la complejidad de todos los aspectos que abarca la ley".

Comás aludió a que "como juristas sabemos que en España se han hecho muchas buenas leyes que al no ir acompañadas de una memoria económica no han llegado a ser eficaces".