El hecho de que tras 15 horas de reunión las posturas estén más lejos que cuando comenzó el diálogo “es muy preocupante”, y supone un paso atrás en la resolución de un conflicto que está “perjudicando gravemente al funcionamiento de los juzgados y tribunales de toda España”.

La Abogacía asegura en una nota de prensa que la ciudadanía “no merece ni el país puede permitirse los enormes perjuicios que la huelga está generando al paralizar o retrasar muy seriamente el normal funcionamiento del sistema judicial, que tutela y protege sus derechos y libertades”.

Este conflicto, añaden, condiciona seriamente la vida diaria de algunos colectivos vulnerables, como los afectados por los pagos de pensión de alimentos desde cuentas judiciales a familias sin otros ingresos. “Un Estado democrático con la Justicia paralizada pierde uno de los pilares fundamentales que lo sustentan”, insisten.

Los letrados insisten en pedir “todos los esfuerzos posibles (de las dos partes) para evitar trastornos adicionales a ciudadanos y profesionales”, destacan que “deben cumplirse escrupulosamente los servicios mínimos” y evitar “comparecencias infructuosas, cuando las suspensiones son previsibles”.

Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía hace un llamamiento a la “responsabilidad” y reclama un “calendario urgente de negociación que permita alcanzar ya un acuerdo satisfactorio a través del diálogo”.