Los datos recogidos para intentar probar la vinculación del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) con Batasuna se engloban, según este informe, entre los elementos que el Constitucional no consideró como prueba válida contra Aukera Guztiak.

El informe, fechado el 11 de abril a las 23,00 horas, consta de quince páginas en las que, en primer lugar, se recuerda que PCTV se inscribió en 2002 y que ese mismo año las fuerzas de seguridad indicaron que "no existen datos suficientes para afirmar que tras la aparición del Partido Comunista esté la mano de la izquierda 'abertzale'".

El 23 de marzo de 2005 las fuerzas de seguridad subrayaban la ausencia de actos de este partido, "por lo que se supone que su militancia sea muy reducida y la participación electoral trate de ser simbólica".

Añadían la inexistencia de indicios de contactos con Batasuna ni de datos referentes a que el PCTV "vaya a servir de plataforma de la izquierda 'abertzale' para las elecciones autonómicas del próximo 17 de abril".

Las investigaciones han seguido siendo infructuosas y la vía de ilegalización, "y muy fundamentalmente la relativa a la posible solicitud de medidas cautelares, debe analizarse sobre la base de la insuficiencia de prueba que hay en este momento", alerta el documento.

El único instrumento procesal utilizable es, según la Abogacía del Estado, un incidente de ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna, que supondría demostrar que el PCTV continúa la actividad de la formación ilegalizada y, por tanto, incluir este procedimiento en el iniciado en 2002.

"REQUISITOS MUY ESTRICTOS"

Es aquí donde viene la advertencia de la Abogacía del Estado al Gobierno. A partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, especialmente la sentencia de 31 de marzo de 2005, que confirmó la anulación de la lista de Aukera Guztiak, las pruebas para demostrar la vinculación de un partido a otro previamente ilegalizado se ven sometidas "a requisitos muy estrictos".

"Por decirlo en términos expresivos", dice el informe, "el Tribunal Constitucional ha elevado muy considerablemente el listón y el standard probatorio de los instrumentos susceptibles de acreditar la vinculación de un partido o una candidatura con otro previamente ilegalizado".

Entre esos instrumentos susceptibles de acreditar la relación, subraya, el Constitucional ha rechazado las vinculaciones personales, las expresiones políticas, y además se considera intrascendente como prueba la no condena del terrorismo.

La Abogacía explica que la pretensión de ilegalizar por vinculación a una formación ya ilegalizada depende de la presentación de pruebas, mientras que la adopción de medidas cautelares, de la acreditación "irrefutable" de la pretensión de hacerlo. Y esos dos elementos "no están presentes" en el caso de PCTV, se asegura en el texto.

En primer lugar, explica la Abogacía del Estado que las "coincidencias personales" eran abundantes en casos anteriores, pero fueron ya "escasas" en el proceso contra "Herritarren Zerrenda", retirada de las europeas de 2004, y "prácticamente nulas" en el caso de Aukera Guztiak. Ahora serían nuevamente "escasas o débiles, porque los interesados intencionadamente las ocultan".

Recuerda también el informe que en el caso de Aukera Guztiak existían pruebas de la conexión con Batasuna gracias a la grabación de una conversación en la prisión de Huelva, una reunión en un hotel de Bilbao donde recibían instrucciones sobre su propia rueda de prensa, una asamblea de Batasuna con explicaciones sobre la "lista limpia" y fotografías de documentos probatorios de que es Batasuna quien dirigía la acción de AG.

Son necesarios, como se ve, "medios de prueba directa e indicios que acrediten hechos absolutamente objetivos, claros y contundentes, reveladores de la intención de defraudar el fallo de la sentencia" por la que se ilegalizó Batasuna.

El informe enumera los elementos que el Tribunal Constitucional no considera relevantes como prueba de relación Batasuna-PCTV, y los primeros son los "subjetivos de conexión", es decir, la existencia de relaciones de parentesco o amistad con miembros de Batasuna.

Tampoco admite el Constitucional los relacionados con los mensajes políticos emitidos o con la forma de hacerlo, "dado que no se juzgan en estos procedimientos las ideas".

NO CONDENAR A ETA ES INSUFICIENTE

El hecho de no condenar expresamente la violencia de ETA, dice el informe, "no sirve para demostrar la sucesión o continuación" de la actividad de Batasuna, a ojos del Constitucional. Tampoco el hecho de que no tuviera más programa político que el de protestar por la ilegalización de Batasuna, "postura esta admisible en nuestro ordenamiento jurídico".

De todo ello concluye la Abogacía del Estado que "no existen, a fecha de hoy, elementos probatorios susceptibles de ser utilizados para articular con razonable probabilidad de éxito cualquier pretensión impugnatoria", ya que todos los datos recogidos se engloban en los rechazados como prueba por el Constitucional.

No se considera prueba la coincidencia de candidatos que también lo fueron de alguna formación antes ilegalizada ni su pertenencia a LAB, puesto que es un sindicato "legalmente constituido". Tampoco que antes fueran de Batasuna, porque es una escisión y porque eso afectaría también a Aralar.

No se dispone tampoco de prueba directa de la existencia de reunión, comunicación o concierto de voluntades expreso entre Batasuna y el PCTV; la colaboración que se puede derivar de la coincidencia de mensajes es sólo "deducción", y las relaciones de ambos con la asociación "Oilo Gorri" carece de toda traducción financiera o de colaboración.

Se cuenta, por tanto, "con un solo elemento válido y claro de la posible conexión", la constatación de que el jefe de prensa de Batasuna y su ayudante hayan asumido las relaciones del PCTV con la prensa, pero "resulta insuficiente para conseguir el objetivo de ilegalizar a un partido político en pleno proceso electoral".

Los datos, concluye el informe, "no conducen, hasta el momento, a la constatación de elementos fehacientes de prueba que pueden fundamentar una pretensión de ilegalización del partido, en cuanto sucesor o testaferro de Batasuna, con perspectivas de éxito, ni en cuanto a la obtención final de esa ilegalización, ni en cuanto a la adopción de medidas cautelares que impidieran que las candidaturas por este partido presentadas pudieran concurrir efectivamente a las elecciones" del próximo domingo.