Así lo explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en un encuentro organizado por Europa Press después de conocerse que el juez instructor ha ofrecido la personación a la Abogacía del Estado.

La vicepresidenta aseguró que la Abogacía "se personará y defenderá los intereses del Estado" en el momento procesal oportuno en caso de tener "datos que avalen" que se ha producido perjuicio para esos intereses.

El informe de la Agencia Tributaria debe revelar "los extremos a los que podría extenderse ese perjuicio" por supuestos delitos de tipo fiscal, y si es necesario el Gobierno dará instrucciones para "actuar en defensa de los intereses generales".