En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresideta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, argumentó que, de los informes solicitados por la Justicia a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se desprende que "existen vínculos" entre D3M y la ilegalizada Batasuna, y entre Askatasuna y los partidos ilegalizados por el Tribunal Supremo en 2003 y 2008, es decir, Batasuna, Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, PCTV y ANV.

Por ello, el Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que "ejercite todas las acciones" derivadas de la vigente Ley de Partidos Políticos para impedir que cualquier formación o candidatura que pretenda "continuar o suceder" la actividad de las ilegalizadas pueda concurrir a las elecciones vascas del próximo 1 de marzo.

Esa decisión, concluyó la vicepresidenta, demuestra que el Gobierno está "decidido a cumplir y hacer cumplir la ley" y a evitar que se cometa "el fraude que algunos pretenden" al presentar candidaturas a las elecciones.

Sobre los ayuntamientos donde gobierna una de esas formaciones, ANV, la vicepresidenta insistió en que el Gobierno sigue actuando para respetar el cumplimiento de la ley vigente, y en la reforma comprometida para poder desalojar a los alcaldes de esta formación.