Esta fue una de las principales conclusiones de las I Jornadas Nacionales de Menores y Adolescencia, que se celebraron entre ayer y hoy en Cádiz bajo el lema ‘Protegiendo infancia, defendiendo derechos’.

En las conclusiones de las jornadas se pone de manifiesto que “el problema de la violencia vicaria debe abordarse desde la prevención y evitar que los casos se conozcan cuando es demasiado tarde” y se observa que “hemos de ser conscientes del amplio espectro que abarca la violencia contra los menores”, incidiendo en que “merecen atención los delitos de odio y el acoso escolar”.

También se incide en que “los medios de comunicación tienen que asumir el compromiso del tratamiento adecuado de las noticias que afectan a los menores” y recomienda que “la separación del niño de su familia y su traslado a un centro de menores sea considerado como el último recurso en la protección infantil, y nunca la primera opción”, atestiguando que “el sistema es prepotente cuando una administración trabaja sin que un juez de garantías intervenga”.

En ese sentido, se recoge que resulta necesaria “una revisión procesal de la declaración de desamparo”, puesto que “las resoluciones de la administración no están garantizando en este momento la igualdad de partes”. Añade que “el procedimiento debe ser más ágil, con la adopción de las medidas cautelares oportunas mientras se sustancia el proceso principal”, proponiéndose “la sustanciación del procedimiento a través de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y que se asuma la competencia por los Juzgados de Primera Instancia, no necesariamente Juzgados de Familia”.

También reclama la que la violencia económica contra los menores cuente con una tipificación específica que permita su erradicación, ya que no es suficiente con que sea considerada como un delito de coacciones.

Por su parte, resalta que resulta importante “hacer accesible la justicia a los menores” con discapacidad, “doblemente vulnerables, no sólo eliminando las barreras físicas, sino también usando un lenguaje comprensible, garantizando que los niños y adolescentes comprenden lo que sucede”.

En la misma línea, pide “fomentar la figura del facilitador familiar en los procesos que afectan a los menores con discapacidad, que complementa la figura del facilitador procesal”.

Por último, solicita que los centros de reforma de menores “sean gestionados por la Administración, garantizando un adecuado acompañamiento jurídico”, para lo que resulta “fundamental crear un Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica específico en estos centros, que podría integrarse en el marco de la justicia gratuita”.