Los grupos tienen hasta el 3 de octubre para presentar sus propuestas, aunque este plazo se puede ampliar. Dado que el Gobierno mantiene que estos dos impuestos los aplicará, la pretensión en el caso de la banca es que se revise en la tramitación parlamentaria.

Las patronales AEB y CECA ya manifestaron su intención de dialogar con el Gobierno y los grupos en la tramitación “sobre la base de un adecuado encaje con los principios básicos de nuestro sistema tributario como son los de igualdad, no discriminación y capacidad económica”.

Los grandes bancos vienen criticando que el impuesto es “discriminatorio” porque se aplica sobre las entidades que en 2019 ingresaron al menos 800 millones brutos en concepto de intereses y comisiones, gravando en un 4,8% la cantidad que ingresen por este concepto en 2022 y 2023. Este umbral deja fuera a quienes ingresaron menos.

En el caso de las energéticas, se aplicará sobre aquellas compañías eléctricas, gasistas y petroleras que tuvieran una cifra de negocios superior a los 1.000 millones de euros en 2019, gravando con un tipo del 1,2% la cifra de negocios que hayan tenido en 2022 y 2023.

Este sector considera que la nueva figura no es legal por cómo está planteada, por lo que se anticipa una batalla legal, según fuentes consultadas por Servimedia. Desde el sector también se traslada que el tributo no responde al espíritu de lo planteado por la Comisión Europea y entiende que se tendrá que adaptar. Las eléctricas incluso consideran que al adaptarse, para ellas no tendrá impacto porque en Bruselas se va a fijar un límite a la retribución de nucleares y renovables superior al español. Además destacan que el impuesto en Europa solo va a afectar a las empresas de combustibles fósiles y no a las eléctricas.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ya afirmó que si los impuestos se tienen que adaptar a la legislación europea, se hará.

El PSOE y Unidas Podemos registraron el pasado mes de julio la proposición de ley por la que articulan estos dos impuestos para 2023 y 2024 con los que se pretende recaudar 3.500 millones al año -1.500 millones en el caso de la banca y 2.000 millones para las energéticas-.

La proposición de ley, que recibió el respaldo del Congreso de los Diputados para seguir adelante la semana pasada, contempla la prohibición expresa del traslado del coste de estos tributos al cliente final, quedando en ambos casos la supervisión de que esto se cumple a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque en el caso del impuesto sobre las entidades financieras también tendrá competencias el Banco de España, que colaborará con la CNMC.

En caso de incumplimiento de este aspecto, la proposición de ley contempla una sanción del 150% del importe repercutido a los clientes.