ABIERTO JUICIO CONTRA JUAN GUERRA POR EL USO DE UN DESPACHO OFICIAL EN LA DELEGACION DEL GOBIERNO.
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El juez Angel Márquez, encargado de las investigaciones del caso Guerra, decidió hoy la apertura de procedimiento abreviado para las diligencias del sumario referidas al uso de un dspacho oficial por parte de Juan Guerra en la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Angel Márquez, titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, firmó hoy el auto por el que dicta el inicio del juicio en esta parte del caso cuyas diligencias constan de más de 10.000 folios.
El magistrado comunicó su decisión al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla y a todas las partes personadas en el sumario, puesto que esta pieza se considera la más importante del caso al derivar de ella a mayoría del resto de las diligencias.
En el auto de apertura de este juicio el juez Angel Márquez imputa a Juan Guerra diversos presuntos delitos que dependen de la consideración de Juan Guerra como funcionario o particular en la utilización que hizo del despacho oficial en la Delegación del Gobierno en Andalucía.
El magistrado imputa al hermano de Alfonso Guerra de un presunto delito de malversación de públicos en el caso de que se considere en el juicio que ocupó el despacho en calidad de funionario.
Angel Márquez recoge en su auto también presuntos delitos de usurpación de funciones y estafa al Estado por responsabilidad subsidiaria si en la vista no se considera a Juan Guerra como un funcionario.
El código penal contempla para estos delitos penas de prisión menor cuya condena no supera los 6 años de cárcel.
Todas las partes personadas en el caso tienen 10 días para calificar este plazo que no es estricto al poder solicitar alguna de ellas la práctica de nuevas diligencias.
El único presunto inculpado en esta parte del sumario es Juan Guerra, al quedar desvinculados de las diligencias los responsables de la Delegación del Gobierno en Andalucía durante los años en los que el hermano de Alfonso Guerra ocupó el despacho en estas dependencias.
Los ex-delegados Tomás Azorín y Leocadio Marín, junto al actual representante gubernamental en Andalucía, Alfonso Garrido habían sido acusados por su presunta responsabilidad al permitir el uso del despacho a Juan Guerra para actividaes particulares.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no encontró indicios de delito en la actuación de estos aforados que declararon ante este organismo judicial.
(SERVIMEDIA)
23 Nov 1992
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