La investigación pretende esclarecer la decisión aprobada por el Ejecutivo murciano el 31 de julio de 1989, cuando lo presidía el socialista Carlos Collado, de comprar la finca "Casa Grande" para su entrega a la multinacional General Electric, tras pagar por el terreno 2.834 millones de pesetas, un precio muy superior al de mercado.

La referida providencia emplaza a Carlos Collado y a los ex consejeros Francisco Calvo, Esteban Egea, Antonio León, Antonio Conesa, Fancisco Artés, Miguel Angel Pérez, Rafael María Egea y José López Fuentes a que comparezcan en el plazo de los nueve días siguientes a la notificación.

El Gobierno de Murcia estudiará el próximo día 4 de octubre la autorización para que los servicios jurídicos se personen en el procedimiento, para la representación y defensa de la comunidad autónoma.

El escándalo creado en torno a este caso llevo a Collado a dimitir como presidente de Murcia el 19 de abril de 1993, después de que su grupo parlametario le retirara la confianza, al detectar el Tribunal de Cuentas anomalías en su gestión.