Gil-Robles anunció hace días que en el caso de que el Senado aprobase la "Ley Corcuera" en los actuales términos, él presentaría recurso de inconstitucioalidad por el artículo 21, entre otros.

Los contactos fueron reconocidos este mediodía por el portavoz socialista en el Senado, Jaime Barreiro, en conversación con un grupo de periodistas durante la recepción navideña que ofrece todos los años la Cámara Alta a los informadores parlamentarios.

Barreiro advirtió, no obstante, que en las conversaciones no se ha logrado ningún acuerdo y explicó que lo que sigue separando al PSOE de grupos como CiU, más proclives al pacto final con los socialistas, po haber aprobado con estos el proyecto de ley a su paso por el Congreso de los Diputados, es el hecho de la percepción sensorial del delito por parte del policía asaltante.

El PSOE defiende la redacción del artículo 21, párrafo 2, del proyecto de ley como sigue: "(...) será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materi de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal (...)".

El Gobierno y el partido que lo sustenta quieren mantener a toda costa la expresión "conocimiento fundado", para que los agentes de la autoridad puedan sorprender a los "camellos" traficando en sus domicilios y no les dé tiempo a tirar la droga por el inodoro mientras llega el mandamiento judicial.

Ello implica que los policías no tendrán obligación de percibir la comisión del delito (físicamente o medante grabación) y podrán entrar en el piso con datos circunstanciales de que allí se trafica en ese momento.

Por contra, casi toda la oposición parlamentaria, aunque con distintos matices entre los partidos, todas las asociaciones de juristas, el Defensor del Pueblo y algún magistrado del Tribunal Constitucional, en privado, han mantenido desde el primer día que la expresión "conocimiento fundado" del delito puede ser inconstitucional.

Argumentan que la única base de ese artículo es la referenciadel artículo 18 de la Constitución a la inviolabilidad del domicilio, salvo los casos en que se esté cometiendo "delito flagrante", y añaden a continuación que el concepto de "flagrancia" en el ordenamiento jurídico español implica "percepción sensorial" de que se está cometiendo ese delito, algo que trata de evitar el Ministerio del Interior.

Por eso, CiU, aunque aprobó la ley en sus actuales términos a su paso por el Congreso de los Diputados, quiere modificar su redacción en este aspecto y ha propusto a los socialistas sustituir la expresión "conocimiento fundado" por la palabra "evidencia".

En opinión de los nacionalistas catalanes, con ello se introduce la percepción sensorial y se disipan las suspicacias que ha causado en sectores jurídicos y de la sociedad española sobre la posible vía libre que tendra la Policía para intervenir en domicilios particulares.

CUATRO DIAS DE PLAZO

La mayoría socialista rechazó ayer en el debate en comisión todas las enmiendas parciales al proyecto de ley pero Barreiro, los diversos ponentes de la ley en el Senado, así como el portavoz socialista ante la Comisión de Presidencia e Interior de la Cámara Alta, Pedro Ardaiz, dejaron entrever la posibilidad a un acuerdo de última hora.

Esta nueva redacción habría de consensuarse en los próximos cuatro días, puesto que el pleno de debate y votación de la ley es el próximo martes, día 14, y se introduciría en la ley mediante una enmienda transaccional que presentaría el propio PSOE en el transcurso del pleno

En este caso, la ley se devolvería al Congreso de los Diputados para que la Cámara Baja ratifique los cambios introducidos en el Senado.

Para llegar a un acuerdo con el PSOE, CiU ha exigido también que se modifique el artículo 20 de la "Ley Corcuera", en virtud del cual un policía podrá requerir a un indocumentado a que le acompañe a comisaría para proceder a su identificación.

El Grupo Catalán pretende introducir una enmienda de adición en la que se especifique que la Policía dará cuenta "nmediatamente" al juez de esta diligencia.