No obstante, según explicó Solbes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, todo este sistema de inversión en fondos de empleo en el exterior exigirá la debida "supervisión" para garantizar que esos fondos, que son de muchos trabajadores, estén todo lo garantizados que sea posible.

La normativa española debe ser sólo complementada en los aspectos referentes a la actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de empleo, por lo que el anteproyecto no supondrá una modificación de la actual legislación de fondos y planes de pensiones, sino una ampliación de la misma para incluir esos aspectos.

Entre los puntos más destacados se encuentra que la supervisión, control y régimen de inversiones del fondo de pensiones de empleo se regirán por la legislación del Estado miembro de origen, es decir, del país donde esté domiciliado el fondo, mientras que se someterá a la legislación laboral y social del Estado miembro de acogida (donde esté la empresa en la que se va a aplicar el plan de pensiones).