Así lo apuntó el director de Fundación Bequal, José Antonio Martín, en la presentación del estudio sobre ‘La inclusión de las personas con discapacidad en la Agenda Urbana española y su contribución a los ODS’, elaborado por este organismo con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Durante la presentación en Servimedia, también participaron la eurodiputada socialista Mónica Silvana; el alcalde de Cendea de Cizur (Navarra), Rafael Ansó; y la directora general del Trabajo Autónomo, Economía Social y de la RSC del Gobierno, Maravillas Espín.

Martín afirmó que un 24,6% de las personas con discapacidad o mayores tiene problemas relacionados con barreras arquitectónicas “para desenvolverse en su vivienda”, ya sea en el portal, en las escaleras, en los ascensores o dentro del domicilio. "Están encarceladas en sus viviendas", indicó.

También mencionó un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España, donde se señala que un 9,6% de las personas con discapacidad vive en situación de pobreza severa, de modo que este colectivo presenta “un riesgo de pobreza o exclusión mucho más elevado" y así lo destaca la Fundación en su informe.

RESULTADOS

Entre otros puntos, el trabajo pide incluir la perspectiva de discapacidad en toda la normativa y ordenanzas referidas a la ordenación urbana. “Es decir, que si se habla de eficiencia energética, se hable también de accesibilidad y discapacidad, y lo mismo si se habla de transportes“, explicó Martín.

Asimismo, recomendó “mayor flexibilidad” de cara a la elaboración y aprobación de los planes urbanísticos, cuya complejidad y demoras “a veces juegan en contra de las personas con discapacidad”.

En cuanto a la gobernanza, propone asegurar la participación de todos los ciudadanos y los grupos de interés, para que “se escuchen las voces de todos” y se “garantice la participación de las organizaciones de discapacidad”.

Por último, el estudio pide aumentar la financiación y “tener en cuenta las necesidades económicas asociadas a sostener estos cambios”, así como los fondos de que se disponen.

El trabajo incluye también casos de buenas prácticas en ciudades y pueblos de toda España, tales como la compra de viviendas inaccesibles por parte del Ayuntamiento de Sevilla para su permuta por pisos asequibles y accesibles; el plan de Vitoria-Gasteiz para fomentar la adaptación a lectura fácil de las comunicaciones institucionales o el compromiso de Metro de Madrid de alcanzar el 82% de estaciones accesibles para 2028.

En este sentido, el alcalde de Cendea de Cizur presentó el nuevo plan urbanístico de su municipio, en el que ha contado con la ayuda de Fundación Bequal. De este modo, pretende alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y mostrar su compromiso con la inclusión. En él han participado todos los grupos de interés de la zona.

Asimismo, el trabajo ofrece una revisión de la Estrategia Española de Agenda Urbana y de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, con detalles sobre los objetivos generales y específicos y las líneas de actuación que se refieren de forma concreta a la inclusión de la discapacidad.

PARTICIPACIÓN

Por su parte, la eurodiputada Mónica Silvana destacó que 4,38 millones de personas tienen alguna discapacidad en España y que, dentro de ellas, el grupo mayoritario es el que padece problemas de movilidad. De ahí la importancia de estos programas de inclusión, que ahora cuentan con una muy importante aportación de los fondos procedentes de la Unión Europea, tal y como recalcó.

Además, Silvana apostó por reforzar la participación de las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones y lamentó la falta de un marco regulatorio a nivel europeo que sí existe en España. “Prácticamente, se hace un procedimiento 'ad hoc' para cada consulta”, criticó. A su juicio, falta una normativa que regule la participación de forma general. Además, comentó que esto resulta mucho más fácil en las leyes que promueve el Parlamento frente a las que impulsa el Consejo.

Finalmente, Maravillas Espín subrayó que este estudio “pone en evidencia la necesidad de una mirada transversal que integre la perspectiva de discapacidad en todas las políticas públicas”, ya que esta es la única manera de avanzar hacia la igualdad de oportunidades y de poner fin a las brechas de desigualdad que empobrecen a las personas con discapacidad y a toda la sociedad.

Aseguró que con esta perspectiva trabaja su departamento, “de forma especial en las tres estrategias estatales que estamos desarrollando: la Estrategia Nacional del Trabajo Autónomo, la Estrategia Estatal de Economía Social y la segunda Estrategia Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas”.

“En todas ellas, aparece esa mirada transversal referida a la discapacidad”, afirmó Espín. En su opinión, “el desafío ahora es escalar este impulso y generalizar esta visión integral en todos los ámbitos de la agenda urbana", como vivienda, accesibilidad, movilidad, transportes, medioambiente, etc.

La directora general se refirió por último a la próxima aprobación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de la economía social, centrado en los cuidados que redefinirá el modelo de atención a las personas mayores.

Este incluye “un ambicioso Plan de Apoyo a la Economía Social, que siempre ha resultado fundamental en el desarrollo sostenible y en su dimensión urbana” y que “ha sido clave en la integración sociolaboral de las personas con discapacidad”.

“Compartimos una visión de futuro para generar entornos urbanos más humanos, donde las personas con discapacidad tengan garantizadas las mismas oportunidades desde el punto de vista social, personal y económico", concluyó.