Esta organización explicó que a la mayoría de los habitantes de la Extensión Hatcliffe se les asignaron terrenos para nuevas viviendas después de que fueran desalojados por la fuerza en 2005, en el marco de la llamada Operación Murambatsvina.

Con este operativo, el Gobierno zimbabuense demolió asentamientos informales en todo el país con una actuación que afectó a más de 700.000 personas, a las que dejó sin hogar, medios de subsistencias o ambas cosas a la vez.

La directora adjunta del Programa para África de Amnistía Internacional, Michelle Kagari, aseguró que "los residentes de la Extensión Hatcliffe se encuentran entre los más pobres y más marginados de la sociedad de Zimbabue y muchos hogares no tienen medios para pagar la tasa de renovación de arrendamiento".

Kagari señaló que el Gobierno zimbabuense, "en lugar de amenazar a las personas vulnerables con el desalojo", debe proporcionarles protección y garantizar "planes de pago accesibles para los arrendamientos".

La Extensión Hatcliffe es uno de los asentamientos constituidos al amparo de la Operación Garikai, el programa gubernamental llevado a cabo para el reasentamiento de los damnificados por la Operación Murambatsvina, de los que sólo un pequeño número se beneficiaron, en tanto que otros fueron trasladados por la fuerza a zonas rurales.

Amnistía subrayó que cinco años después de los desalojos forzosos en masa, los beneficiaros de la Operación Garikayi sobreviven en chozas de plástico que carecen de acceso a los servicios básicos esenciales.

El pasado mes de junio, las autoridades avisaron a los habitantes de la Extensión Hatcliffe de que debían pagar la renovación de sus contratos antes de hoy, 30 de septiembre, bajo pena de perder sus tierras, que distribuiría a otras personas.

Amnistía indicó que muchas de las 3.000 familias de este asentamiento carecen de medios para pagar la cuota de hasta 140 dólares (unos 100 euros) establecida por el Gobierno.