Aún así, los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM dejan en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la decisión de si se procede contra el presidente valenciano y sus subalternos.

El TSJM ha tomado esta decisión al estimar parcialmente el recurso del PP, quien, a pesar de ejercer como acusación en la causa, decidió impugnar la inhibición acordada el pasado mes de mayo por el instructor del "caso Gürtel" de Madrid, el juez Antonio Pedreira.

El auto dictado hoy señala que "los hechos relatados jamás prodían atribuirse a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid", al existir entre los encausados varios aforados valencianos, por lo que el tribunal avala inhibición de Pedreira a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Pero los magistrados de Madrid señalan que la "relevancia penal" de los hechos atribuidos a Camps y a miembros de su administración "tiene que ser determinada por los competenes órganos judiciales de Valencia", que deberán decidir "si hay lugar a proceder y si existen o no hechos de apareciencia delictiva".

EVITAR LA PRESCRIPCIÓN

En concreto, Pedreira dictó en mayo un auto inhibición parcial con el que remitió a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la parte de la investigación que se refiere al PP y afecta a Camps. El objetivo de Pedrera era evitar “la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los distintos informes”.

Además de Camps, el auto de Pedreira señalaba indicios de delitos contra Ricardo Costa, Rafael Betoret, Vicente Rambla, Victor Campos, Pedro Gimeno, David Serra y Cristina Ibáñez.

El magistrado de Madrid tomó esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de mayo al TSJCV reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel. Pedreira ordenó, además, que la parte del sumario que afecta a las cuentas del PP valenciano se uniese a esta investigación.

El juez tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP valenciano.

El 15 de febrero pasado la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV decidió no investigar por el momento la presunta financiación irregular del PP de Valencia, alegando que los hechos podrían estar incorporados ya en alguna de las causas judiciales que se siguen por el "caso Gürtel".