Esta última fase, centralizada en la localidad almeriense de El Ejido, finalizó con veinticinco personas detenidas, nueve de ellas acusadas de diversos delitos relacionados con la prostitución y los derechos de los trabajadores, y otras dieciséis mujeres detenidas en aplicación de la Ley de Extranjería y que eran explotadas en los últimos dos clubes de alterne investigados, según informó hoy la Policía.

La operación "Zarpa", iniciada a finales de 2006, ha desarticulado esta red de carácter transnacional dedicada a la trata de personas, para su explotación sexual, mediante amenazas, engaños o aprovechando su especial vulnerabilidad.

Además, esta organización blanqueaba el dinero procedente de esta actividad ilícita, transformando el beneficio económico obtenido en diferentes bienes.

En total, en los casi dos años de investigaciones, la Policía Nacional ha detenido a 99 personas acusadas de diversos delitos relacionados con la prostitución, el blanqueo de dinero y los derechos de los trabajadores. Treinta de ellos están ya en prisión.

DENUNCIAS

Además, 599 mujeres, explotadas sexualmente por la red, han sido detenidas al encontrarse irregularmente en nuestro país. En estas tres fases de la operación "Zarpa" se han practicado un total de 82 registros en seis provincias, 26 de ellos en clubes de alterne y los otros 56 en domicilios particulares.

Del total de mujeres traficadas calculado, se ha identificado a 599 en los 26 clubes investigados en España, ofreciéndoles denunciar su condición de víctimas. Únicamente se han acogido a esta posibilidad una veintena de ellas, declarando como testigos protegidos, lo que es indicativo tanto de su temor a las posibles represalias como de la situación de total desarraigo y exclusión social en que las mantiene la red criminal.

Del análisis de la documentación intervenida y la situación financiera de los encartados se calcula que cada club podría ingresar más de medio millón de euros cada año.

En los registros se han intervenido, durante las tres fases,32 vehículos, en su mayoría de gama de alta; unos 360.000 euros; dos armas largas; dos pistolas detonadoras; 24 ordenadores y documentación probatoria de la actividad criminal.

La operación ha sido realizada por agentes de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, junto con distintas plantillas de las provincias de Almería, Gerona, Granada, Lérida, Cáceres y Jaén, y con el apoyo de la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios de la Comisaría General de Policía Judicial