Además, propone que se asegure el cumplimiento del artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo a la obligación de reconocer “que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”.

Para hacerlo, pide “apoyarles en el ejercicio de su capacidad jurídica; impedir abusos, para lo cual se deben establecer determinadas salvaguardias, y garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos inherentes a la capacidad jurídica de obrar".

Por otro lado, propone sustituir el término "minusvalía" por el de "discapacidad" y que, a partir de la entrada en vigor de la citada ley, las disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones Públicas sustituyan “discapacitados” por "personas con discapacidad".