El texto acordado es una enmienda transaccional pactada con los grupos a partir de una proposición no de ley del PSOE.

En ella, se pide al Gobierno que siga apoyando la adopción de medidas por parte de la comunidad internacional, en el marco de la Unión Europea y las Naciones Unidas, para la seguridad de los cooperantes y, especialmente, de aquellas personas que desempeñan funciones humanitarias en zonas de riesgo.

La iniciativa aboga por impulsar el diálogo con las autoridades implicadas para reforzar los "espacios humanitarios" que deban ser objeto de especial protección, preservando en todo caso que la ayuda humanitaria sea imparcial, neutral e independiente al amparo de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

La iniciativa reclama que ese refuerzo de la seguridad de los cooperantes se aborde en colaboración con las comunidades autónomas y de común acuerdo con las ONG que trabajan en esas zonas, para hacer llegar a los cooperantes planes y guías de seguridad específicas, incluyendo medidas técnicas y financieras necesarias en áreas de especial riesgo.

La iniciativa reclama también al Gobierno que regule las iniciativas del voluntariado solidario en zonas de riesgo, de acuerdo con las ONG, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para establecer protocolos de seguridad.

Para ello, concluye el texto, se potenciará en el marco de la Conferencia Sectorial y de los acuerdos entre la AECID y las distintas administraciones de cooperación descentralizada, la adopción de una serie de criterios adecuados de seguridad a seguir por los cooperantes y voluntarios, y que sirvan de límite para las responsabilidades que estén dispuestos a asumir.

El PSOE llevó esta iniciativa al pleno del Congreso tras la liberación de los tres cooperantes españoles secuestrados en Mauritania, con el objetivo de evitar futuros episodios similares.