En los pasillos del Congreso, Bono subrayó que los derechos reconocidos por la Constitución, incluido el de huelga, "no excluyen a nadie", y tampoco a los parlamentarios como ciudadanos libres.

No obstante, explicó que la relación de los diputados con la Cámara "no es laboral" y el Congreso "no es una empresa" en la que trabajan los parlamentarios.

Además, la asignación que reciben es, según la Constitución, "irrenunciable", por lo que no permite equiparación con un salario ordinario y no les puede ser retirada.

A pesar de todo ello, añadió, si un diputado "no desea venir" para mostrar así su solidaridad política o sindical con los convocantes de la huelga, "está en su derecho y no será el presidente quien recrimine nada, ni se me ha pasado por la cabeza".

Bono explicó que, como miembro del partido que respalda al Gobierno, afronta la jornada de huelga "con respeto" al derecho de quien quiera secundarla y también de quien no lo desee.

El derecho a la huelga y el derecho al trabajo tienen que ser compatibles, afirmó Bono, y es obligación del Gobierno velar para que así sea.

Sin embargo, en su opinión el principal problema que tiene ahora España "no es tanto" el de quienes tienen un trabajo y reclaman mejorar su situación salarial o contractual, sino el de los desempleados.

Bono explicó que es para ese colectivo para los que el Gobierno ha tomado las decisiones "que no han gustado a los sindicatos" y que han propiciado esa huelga.

Facilitar el acceso al trabajo a quien no lo tiene es, para el presidente del Congreso, una prioridad "anterior" a mejorar las condiciones de quienes ya trabajan.