Salgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, explicó que este aplazamiento supondrá "un ahorro en torno a los 200 millones de euros".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, precisó en relación con este tema que "el Gobierno no renuncia, para nada, a sus políticas sociales. Hemos hecho los ajustes necesarios, pero sin renunciar a los derechos", agregó que es un derecho reconocido y que esta medida significa un aplazamiento.