Los procesados son los presuntos etarras Manex Castro, Beinat Aguinagalde, Iurgi Garitagoitia, Joanes Larretxea y Ugaitz Errazkin, que supuestamente formaban el denominado “Comando Asti” de ETA. El juez les atribuye delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, estragos pertenencia a organización terrorista y tenencia y fabricación de explosivos.

Castro se encuentra en la actualidad cumpliendo prisión preventiva en España, Larretxea, Garitagoitia y Aguinagalde están detenidos en Francia y Errazkin se encuentra huido y en paradero desconocido. Estos cinco presuntos etarras fueron procesados el pasado mes de julio acusados de estar detrás del asesinato del empresario Inaxio Uría, que tuvo lugar en Azpeitia (Guipúzcoa) el 3 de diciembre de 2008.

Según el auto de procesamiento hecho público hoy, en la víspera del 16 de enero de 2009, los integrantes del comando confeccionaron en el piso de la madre de Castro en Hernani tres bombas y las introdujeron en otras tantas mochilas.

Los presuntos etarras colocaron las mochilas en un repetidor de comunicaciones sito en el barrio de Santa Bárbara de Hernani y pusieron dos carteles e hicieron una pintada en un murete en los que se podía leer “Kontuz bonba ETA” (peligro bomba ETA). Uno de los artefactos hizo explosión sobre las 01.00 horas de la madrugada, provocando cuantiosos desperfectos y dejando sin señal a 12 estaciones de la provincia de Guipúzcoa.

BOMBAS-TRAMPA

Los etarras colocaron las otras dos mochilas, que contenían una gran cantidad de metralla, escondidas entra la vegetación del camino de acceso al repetidor, el único acceso a la zona. Conectaron entre sí los dos artefactos con un sedal para que sirvieran de bombas-trampa, “en la esperanza de que acudieran la Ertzaintza al lugar de los hechos, con la intención de acabar con la vida de cuantos policías acudieran a inspeccionar la explosión producida”, según señala el juez Velasco en su auto.

Los primeros en llegar fueron dos policías municipales de Hernani, quienes acudieron al repetidor diez minutos después de la explosión del primer artefacto. Posteriormente llegaron al repetidor 33 agentes de la Ertzaintza, entre ellos 12 técnicos de desactivación de explosivos, así como un técnico y un operario de mantenimiento de la empresa propietaria del repetidor.

Las bombas-trampa no fueron detectadas hasta las 9.48 horas de la mañana, sin que se sepa si fue simplemente cuestión de suerte el que no se activaran o si falló alguno de sus mecanismos. Los artificieros de la Ertzaintza desactivaron finalmente ambas bombas.

En cuanto a los carteles de advertencia colocados por los terroristas y la pintada del muro, Velasco señala que los mismos se referían a una sola bomba, lo que reforzaría la tesis de que perseguían provocar “una matanza” con los otros dos artefactos.

BOLSAS DE BASURA

La acción fue reivindicada por ETA a través de un comunicado publicado en el diario “Gara” el 15 de junio de 2009, un texto en el que la banda terrorista reconocía que la intención era “impactar a los artificieros de la policía autonómica de España”.

Tras la acción, los investigadores de la Ertzaintza sometieron a vigilancia a Castro. El 28 de febrero de 2009, el presunto etarra acudió a la casa de sus padres en Hernani, donde se reunió con Aguinagalde y Errazkin.

Castro salió de la vivienda para tirar la basura y los agentes aprovecharon para recoger la bolsa, que contenía material para la confección de explosivos. Los análisis revelaron que el material era el mismo que el utilizado para fabricar las bombas colocadas en el repetidor de Santa Bárbara.

Cuatro días antes de la acción terrorista, Castro y Errazkin se desplazaron hasta un centro comercial del polígono de Belartza de San Sebastián para comprar las mochilas.

Entre las pruebas que aparecen en el escrito de procesamiento, Velasco recoge precisamente una grabación en la que se ve a Castro y Errazkin comprando las mochilas en el centro comercial. El magistrado destaca “el escaso tiempo empleado por los dos imputados en la compra de las mochilas (poco más de tres minutos), pudiéndose suponer un desinterés por las características del producto, ya que el destino que se le iba a dar no sería el habitual”.

Además de la acción terrorista en el repetidor de Hernani y del asesinato de Uría, a los cinco procesados se les atribuye los atentados contra los Juzgados de Tolosa (Guipúzcoa), contra la Universidad de Navarra en Pamplona, contra la sede del PSE de Lazkao (Guipúzcoa).