Esta decisión fue tomada en la última Asamblea de la Plataforma, que tuvo lugar el pasado 18 de septiembre, y después de que se conociera el informe técnico del Ministerio que valoraba a los ocho candidatos a acoger el Almacén Temporal de Residuos Radioactivos de Alta Actividad (ATC), explicaron hoy fuentes de la plataforma en un comunicado.

En ambos ayuntamientos, indicó Tierra de Campos Viva, el compromiso de compra de terrenos era sobre parcelas de concejales de sus corporaciones o de familiares cercanos y cuyo precio alcanzaba los 18.000 euros por hectárea, "tres veces más que su valor normal en el mercado".

"Estos hechos no fueron negados por ninguno de los dos alcaldes”, precisaron, y destacaron que, entre estas personas, se encontraban concejales del Partido Popular en los ayuntamientos de Melgar de Arriba y Santervás de Campos, respectivamente, que votaron a favor de la candidatura de sus municipios a albergar el ATC.

Según aseguraron, este tipo de acuerdos entre concejales o sociedades de éstos y sus ayuntamientos está prohibido por la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, y añadieron que "la irregularidad se ve incrementada cuando, publicado el Informe del Ministerio de Industria, se ha tenido conocimiento de que ambos ayuntamientos han iniciado el proceso de recalificación de los terrenos para pasar de ser rústicos a ser industriales, lo que proporcionaría una nueva plusvalía para estos concejales”.

“Esta forma de actuación no sólo puede ser calificada de inmoral y obscena, sino que, además, podría ser ilegal y beneficia directamente a personas que ejercen un cargo público y sacan provecho de ello, influyendo en las decisiones o en órganos que tienen responsabilidades públicas”, concluyeron las citadas fuentes.