Se trata, según indicó Vargas en una rueda de prensa en Madrid, "de centros en los que se paga una cantidad de dinero y se da un papel", en los que "no hay reconocimiento, no hay absolutamente nada y se pone al conductor en la carretera con una limitación de cualquier índole que pone en riesgo grave a los demás".

El fiscal aseguró que esta situación "genera una cifra negra" de accidentes, cuya investigación se impulsará también, "debido a los que están en carretera sin poseer las debidas condiciones".

Aunque el sector de estos centros está formado "mayoritariamente por profesionales cualificados y honrados", Vargas alertó de la existencia de "un porcentaje importante", que "va 'in crescendo'", de centros "clandestinos".

Estos centros son "ilegales" por carecer del número de facultativos que exige la ley, por no tener el instrumental adecuado o por, simplemente, "entregar un papel a cambio de dinero".

El fiscal se refirió también a la "picaresca" del ciudadano que, escogiendo estos centros, "participa en el circuito de la clandestinidad".

La Fiscalía quiere combatir este problema mediante las inspecciones correspondientes a la Dirección General de Tráfico (DGT), que contemplan sanciones como la suspensión de un año de la actividad y multas de entre 20.000 y 30.000 euros, pero, además, "va a impulsar de forma decidida la vía penal".

"Nuestra respuesta será, como siempre, moderada y prudente, pero decidida, ya que se trata de un delito de falsedad documental. Todo ello es una simulación", señaló. La pena que se contempla para este tipo de delitos oscila entre los seis meses y los tres años de prisión y multa de seis a 12 meses.

El fiscal ha pedido también a la DGT que, de forma selectiva, se le remitan aquellas inspecciones en que se detecten las irregularidades más graves, y se darán instrucciones a la Policía Judicial para "una investigación en profundidad" de los hechos que puedan ser constitutivos de delito.

SECRETO MÉDICO Y CONDUCCIÓN

Por otra parte, Vargas hizo referencia a los supuestos en los que un profesional sanitario "llega a conocer" que su paciente "va a realizar conducciones con manifiesto desprecio" a la seguridad vial, ya sea por estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, de drogas, o en los que "se padecen enfermedades mentales, tratamientos o deficiencias incapacitantes para la conducción".

A este respecto, informó de que la Fiscalía impulsará un protocolo de colaboración con la DGT, los colegios de médicos, las autoridades sanitarias, las fiscalías de Incapaces y Seguridad Vial y los juzgados de Incapacidad, "para abordar todas estas materias".

Vargas considera que, "per se, la enfermedad mental sin otras valoraciones no incapacita para la conducción" y la respuesta ha de producirse "ad casum", pero destacó la posibilidad de aplicar "restricciones" del derecho de conducir, como la conducción acompañada o el limitar la circulación a un horario diurno para ciertos casos.