En primer lugar, la subida es negativa porque restará rentas a las familias, que se traducirá en menor consumo. Además, obligará a disminuir los ingresos de las más pequeñas empresas, ante la dificultad para aplicar la subida en los precios, ya muy afectados por la crisis y la falta de financiación.

UPTA cree que el origen de esta subida permanente de los precios de la electricidad (en 2010 la subida acumulada es del 7,44%, según sus datos, la segunda mayor de los últimos diez años) proviene de la situación de oligopolio existente en el sector energético, "en el que los productos y distribuidores coinciden y controlan efectivamente las diversas subastas ordenando los precios según sus intereses".

Según el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, "ni la Ley Ómnibus, ni las diversas normas aprobadas tendentes a una liberalización de los servicios han servido de nada para aportar una mayor transparencia en la generación de los precios de las energías ya que, bajo el fantasma de un teórico déficit tarifario, se imponen condiciones al mercado, asegurando sin embargo beneficios astronómicos a costa de los consumidores".

Tampoco la nueva Ley de Economía Sostenible aporta soluciones a este problema, "que pasa por la división real entre la producción y la distribución final de la energía, que no puede estar en las mismas manos", señaló Reyna.