En un comunicado, la FJI denunció que durante su tramitación en el Senado, la reforma laboral incluyó una enmienda del grupo socialista que impide la total aplicación del Estatuto de los Trabajadores en universidades y centros de investigación.

De esta forma, prosigue, “el gobierno utiliza su mayoría parlamentaria” para excluirse del cumplimiento de la ley que impide encadenar contratos laborales, que deberá acatarse en la empresa privada pero no en la administración, agregó.

Además, el proyecto de la Ley de la Ciencia contiene nuevas modalidades de contratación para jóvenes investigadores ajenas al Estatuto de los Trabajadores y el gobierno se niega a prohibir las becas sin Seguridad Social y sin derechos para este colectivo, concluyó FJI-Precarios.