Según informó la Policía, estas detenciones se han realizado en el marco de una operación contra una banda dedicada a esta actividad en la comunidad catalana. Esto ha llevado a la detención de 10 integrantes de esta organización delictiva.

Los clientes de esta red de falsificadores pagaban entre 200 y 3.000 euros por cada certificado médico. Estos documentos eran empleados para intentar regularizar su situación administrativa en España por la vía de "arraigo social".

El grupo disponía de una amplia red de integrantes que permitía obtener partes médicos aparentemente expedidos por un facultativo, también implicado en la trama y detenido en la operación.

CENTRADO EN REUS

Los máximos responsables de esta red, la mayoría de países del norte de África, actuaban en la localidad de Reus, principalmente en su estación de autobuses, un centro comercial y en los alrededores de la mezquita de la localidad.

Las investigaciones se iniciaron el pasado verano, al detectarse la falsedad de un parte médico presentado por un ciudadano de nacionalidad marroquí que había solicitado la autorización de residencia por circunstancias excepcionales (arraigo).

Los agentes pudieron comprobar la existencia de más de un centenar de ciudadanos extranjeros en situación irregular que habrían presentado la documentación preceptiva para regularizar su situación administrativa en España utilizando partes médicos para justificar una estancia en territorio español superior a la requerida por la ley.