Caamaño respondió así en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a una pregunta del diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, quien acusó al Ejecutivo de cambiar el método de instrucción judicial para hacerlo "dependiente del Gobierno" a través de la Fiscalía.

Gil Lázaro aseveró que dar al fiscal la labor de instrucción en los sumarios "ataca la independencia de la justicia y el principio de igualdad de todos ante la ley".

Argumentó que ahora hay más garantías porque el juez "es independiente e inamovible", mientras que el fiscal se debe a un órgano "jerárquico" al frente del cual se coloca a una persona "elegida por el Gobierno".

Por eso, llegó a la conclusión de que "el Gobierno quiere controlar el procedimiento penal para adecuardo a sus intereses políticos". A modo de ejemplo, subrayó que si fuera por la Fiscalía no se habría iniciado la investigación del "caso Faisán", el del supuesto chivatazo policial a la banda terrorista ETA durante la tregua de 2006, ya que el Ministerio Público siempre se ha opuesto al criterio del juez.

Por su parte, Caamaño acusó al PP de quedarse "anclado" en el pasado al oponerse a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y adujo que la modificación que se está preparando "homologa" a España con países del entorno como Italia, Alemania o Francia, donde hay "en marcha" un proceso de cambios parecido.

El ministro manifestó que la reforma pretende "separar claramente la investigación del enjuiciamiento" y justificó que se aparte de esa labor a los magistrados porque "juez no es investigar".

No obstante, puntualizó que los jueces seguirán teniendo en sus manos "el control de la investigación y la garantía de los derechos" de los ciudadanos.

También salió en defensa de los fiscales ante los ataques del PP y se mostró convencido de que "tienen garantizada la autonomía" con la reforma que el Gobierno de Zapatero llevó a cabo en el año 2007, que, según dijo, da mayor independencia al fiscal general al impedir "que sea cesado por ningún gobierno".